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·         CONSIDERANDO: Que en la actual era del conocimiento, la información y los instrumentos electrónicos de canalización de la misma se han vuelto cada vez más importantes y trascendentes en los procesos de desarrollo, competitividad y cambios estructurales registrados en las vertientes económicas, políticas, sociales, culturales y empresariales del país.

·         VISTA: La Constitución de la República Dominicana;

·         VISTA: La Ley General de Telecomunicaciones No.153-98, del 27 de mayo de 1998; VISTA: La Ley No.126-02, del 4 de septiembre del 2002, de Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales;

·         VISTO: El Código Penal de la República Dominicana, del 20 de agosto de 1884, y sus modificaciones;

·          VISTO: El Nuevo Código Penal de la República Dominicana, aprobado por la Cámara de Diputados de la República, el 26 de julio del año 2006;

·          VISTO: El Código Procesal Penal de la República Dominicana, Ley No.76-02, del 19 de julio del 2002;

·          VISTA: La Ley No.20-00, del 8 de mayo del 2000, de Propiedad Industrial; VISTA: La Ley No.65-00, del 21 de agosto del 2000, del Derecho de Autor;

·         VISTA: La Ley No.136-03, del 7 de agosto del 2003, Código del Menor; VISTA: La Ley No.96-04, del 28 de enero del 2004, Institucional de la Policía;

·         VISTA: La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969;

·         VISTA: La Ley No.137-03, del 7 de agosto del 2003, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas;

·         VISTA: La Ley No.50-88, del 30 de mayo de 1988, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana;

·         VISTA: La Resolución AG/RES.2004 (XXXIV-0/04) del 8 de junio del 2004 de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA);

·          VISTO: El Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, del 23 de noviembre del 2001.

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